A inicios del siglo XXI se emitió gran cantidad de normatividad sobre la regulación del servicio de aseo en Colombia. Tal normatividad se ha desarrollado en torno a la idea de que el aseo no sólo consiste en la recolección de los residuos, sino que además se debe tener en cuenta el proceso de disposición y aprovechamiento. Estos últimos son conceptos que han resultado especialmente atractivos a la hora de ver la recolección como un negocio.
La cadena productiva de esta actividad inicia con la recolección de los residuos sólidos en la fuente, luego vamos a la etapa de disposición y separación que es donde se clasifica el tipo de residuo (centrémonos en residuos aprovechables o reciclables). Esta separación se puede hacer desde los hogares o en centros de aprovechamiento de residuos, por último se encuentra la etapa de aprovechamiento, es decir utilizar estos residuos como materias primas e insumos para la fabricación de nuevos materiales.
Observemos la operación de la cadena; el costo de adquisición del material base no es más que el transporte de recolección y la mano de obra. Si usted es una empresa X de aseo en una zona residencial y que separa residuos su trabajo resulta más práctico, puede reducir costos y obtener ganancias en el proceso de aprovechamiento. Por lo anterior vemos como el negocio del aseo resulta la rentabilidad de este servicio público, y la legislación colombiana ha favorecido al sector privado para su usufructúo.
Esto por cuanto, en la mayoría de ciudades, son empresas privadas las que prestan el servicio, cuando anteriormente era el estado quien era el principal prestador del servicio público de aseo a nivel nacional, casos como Bogotá en los años 80`s o en Cali con EMSIRVA demuestran que se pasó de un esquema público a uno privado.
A partir del 2005 se da origen a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Estos son la hoja de ruta para la prestación del servicio público de aseo en los diferentes municipios a nivel nacional y se deben tener en cuenta todas las actividades de la cadena. De igual forma, debe incluir conceptos tales como educación ambiental, inclusión de los recicladores de oficio a la cadena productiva, mantenimiento de zonas verdes entre otros.
En pocas palabras, del PGIRS depende el esquema de aseo que escojan las ciudades. Por ejemplo en Palmira, a raíz de plan de recientemente adoptado 2016-2027, se ha presentado un incremento sustancial en la tarifa del servicio público de aseo. Esto se evidencia en incrementos de hasta el 100% en menos de 3 años, pues antes de la puesta en marcha, un hogar de estrato 3 pagaba en promedio $15.000 y en la actualidad se factura en promedio $30.000 (Fuente: cálculos propios) y es una tarifa más alta que ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.
En conclusión, el servicio de público de aseo es una oportunidad de progreso, pues representaría una fuente ingresos donde tanto el sector público como otro tipo de actores (asociaciones de recicladores) pueden participar. No existe entonces la necesidad de que solo sea una fuente de ingresos para unos pocos operadores privados.
Agradecimientos a: Alejandro Huertas- Economista, Mg en Economía