El año 2019 inicia con previsiones de cautela para la economía global pero de cierto optimismo para la economía colombiana. En el frente global se observa un ambiente enrarecido, en especial por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la posible desaceleración europea, el renacimiento de nacionalismos dirigidos por líderes como Trump en Estados unidos y Bolsonaro en Brasil, así como nuevas intensiones separatistas encarnadas en movimientos al estilo Brexit. Lo anterior es una fuente de incertidumbre para la estabilidad política y el crecimiento económico global. Una desaceleración de Estados Unidos y de Europa tendría importantes efectos para Colombia por su estrecha relación comercial. Por lo anterior, Colombia debe estar atenta a la evolución de estas incógnitas sin dejar de lado que en los años recientes la crisis venezolana se ha convertido en una fuente de preocupación por las presiones económicas de la migración hacia nuestro país.
Las previsiones del FMI y la CEPAL en el 2019 para Colombia son optimistas: se prevé un crecimiento del 3.6% y el fantasma de la recesión insinuado por la desaceleración del 2018 se disiparía. La inflación con la que se cierra el año 2018 es de 3.18% y, según el Banco de la República, se cree que será estable en 2019 manteniéndose en la meta del 2-4%, a pesar del efecto inflacionario que podría generar la actual tendencia a la devaluación del peso.
En lo respectivo al desempleo, hubo un cierre en 8.8%, uno de los registros más bajos desde 2010. Se espera que los sectores que darán más impulso al empleo durante 2019 serán: construcción, tecnología, comercio electrónico, petróleo y gas y agroindustria. Adicionalmente, algunos analistas sostienen que habría un componente positivo de la migración venezolana: la mayor oferta de mano de obra y el aumento del consumo agregado. En general, aunque sigue preocupando la informalidad, los sectores emergentes y basados en emprendimientos tecnológicos (Rappi, Uber, Mr Jeff, etc) se están abriendo paso y han ganado importancia para aprovechar capacidades laborales anteriormente desaprovechadas en la economía.
A pesar de los puntos fuertes hay algunas preocupaciones que pueden impedir que el crecimiento previsto se desarrolle de la forma deseada. Entre las preocupaciones con origen externo estaría una posible guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que podría afectar el ciclo económico estadounidense y por ende el colombiano; la baja del precio del petróleo, que reduciría los ingresos fiscales, y una mayor tasa de interés, que afecta el financiamiento externo del país y la mencionada devaluación del peso.
Localmente, uno de los principales sucesos que afecta el contexto del país en el presente año es el cambio de gobierno. Con la llegada de la administración Duque y su bancada al senado, son varias las reformas que se están fraguando, entre ellas se encuentran: la ley de financiamiento, el recorte en el presupuesto, incremento del poder del superintendente de Salud y el cambio de enfoque económico hacia la economía naranja.
La reforma tributaria conlleva un nuevo impuesto patrimonial para las personas naturales o jurídicas que al primero de enero de 2019 tengan en su patrimonio bienes que superen los $5.000 millones. La norma estableció que el monto del impuesto será del 1% por cada año del total de la base gravable establecida. Asimismo, la ley de financiamiento contempla la aplicación del IVA a la cerveza lo que podría traducirse en una disminución de su consumo y por ende de los recursos destinados al sistema de salud. Por último, es importante destacar que hay una reducción en la renta presuntiva del impuesto a la renta y que se fija un monto progresivo a pagar para las personas naturales con ingresos mayores a 5,6 millones de pesos y una sobretasa a la renta de un 4% a las entidades financieras.
El objetivo del actual gobierno con la ley de financiamiento es recaudar los casi 14 billones de pesos que faltan para completar el presupuesto de la nación sin incumplir la regla fiscal. Es preciso decir que los principales sectores del gasto desfinanciados son salud, hacienda y educación con 3.0, 2.1 y 1.9 billones, respectivamente. Entonces, el cumplimiento de la ley de financiamiento y la reacción de los agentes económicos frente a esta es de vital importancia para el gobierno y su funcionamiento. Sin embargo, con la ley de financiamiento el actual gobierno sólo podrá obtener la mitad de lo requerido para financiar el faltante del presupuesto. Por lo tanto, se espera que el presidente y su gabinete tomen medidas drásticas para recortar casi 7 billones del gasto, lo que implicaría serios recortes en cada uno de los rubros del presupuesto anteriormente mencionados.
En términos particulares al sector salud y según el diario La República, el dinero que falta en el sector es necesario para “garantizar la cobertura de todos los 45 millones de nacionales y asegurar la prestación no POS”. Esto significa que, si no se cumplen las metas de recaudo con la ley de financiamiento, es posible que se presente una situación de mayor desfinanciamiento en el pago de los servicios No Pos por parte del ADRES a las EPS.
Adicionalmente, el IPC salud fue de 4.3 mientras que el global solo de 3.18, indicando un encarecimiento de esta frente al promedio general. Lo que llevó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos a ratificar, con el ánimo de ajustar la situación, la circular 07 del Ministerio de Salud y Protección Social con la cual se controlará de manera directa el precio de 902 presentaciones comerciales de medicamentos. De manera similar, La Superintendencia de Salud se dotó de mayores capacidades sancionatorias, con la expedición de la Resolución N° 1949. Dentro de las medidas se incluyen: multas sucesivas a los administradores de la salud por incumplimiento normativo, remoción de representantes legales y generación de conceptos contables, entre otras.
Por otra parte, está la gran migración forzosa de venezolanos al país, que trae consigo efectos en el Sistema de Salud representados en el incremento inesperado de la demanda de servicios y por ende en los costos derivados de la atención. Entre tanto, el gobierno nacional ha destinado 488 mil millones de pesos, en los que se incluyen $20 mil millones para hospitales públicos, que son los que han hecho el mayor esfuerzo asistencial a migrantes. No obstante, en un sector tan desfinanciado como el de salud, este incremento en los costos puede acarrear problemas de liquidez en el futuro. A pesar de esto, el gobierno de Duque se ha comprometido a adelantar el acuerdo que busca ponerle fin o mitigar las deudas del sector (Acuerdo de Punto Final), algo ansiado por todos los agentes que participan del mismo.
Elaborado por Andrés Sandoval y Juan David Salazar